Hoy, con las relaciones rotas entre el Ecuador y México por la intervención policial en la embajada de ese país en Quito para evitar la salida del exvicepresidente Jorge Glas del país, y luego de las explicaciones de los internacionalistas sobre la gravedad de afectar la institución del asilo político, cabe preguntarse si pudo existir un desenlace distinto.
Como es de conocimiento público, Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas, por asociación ilícita y cohecho, y abierta una tercera por peculado, pese a lo cual el presidente mexicano sostuvo que le concedería el ‘asilo político’, luego de mantenerlo en su embajada en calidad de ‘huésped’, figura inexistente en el derecho internacional.
Cabe recordar que en 2018 el expresidente peruano, Édgar Alan García, investigado por aceptar sobornos de la empresa Odebrecht -uno de los casos por los que fue condenado Glas- pidió asilo en la embajada de Uruguay, al recibir la notificación de prohibición de salir del país.
El entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez (de izquierda, al igual que el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador) negó el pedido de asilo de García, después de revisar la documentación entregada por Lima y por el solicitante.
Vásquez consideró que “las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos”, aun cuando el caso de García se encontraba en investigación y aún no había sido condenado, como sucede con Glas. Al tiempo que las organizaciones internacionales de derechos humanos consideraron la solicitud del expresidente peruano como una “táctica para eludir la justicia”.
Sin pretender justificar la intervención policial en la embajada, tampoco se puede pasar por alto la desnaturalización del asilo político, creado para proteger a los perseguidos por el poder estatal, no para los condenados por delitos comunes.