La pesadilla no termina. El 14 de febrero, día de San Valentín, se produjo una nueva masacre con armas de fuego en la localidad de Parkland (Florida, EE.UU.). En esta ocasión el autor fue un joven de 19 años, ex alumno de la escuela secundaria de Stoneman Douglas, quien arremetió con un fusil de asalto (AR-15) contra estudiantes de este centro, dejando un cuadro de espanto y horror: 17 muertos y aproximadamente 15 heridos.
Situaciones similares se presentan cada semana a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Desde inicios de año se han producido al menos 30 tiroteos masivos. Como resultado, han fallecido 1.816 personas. Esto equivale a una media de 40 muertos por día. No obstante, llama la atención que, más allá del impacto que siempre producen este tipo de execrables hechos en la opinión pública, se siga dilatando de parte del gobierno, el Congreso y el Senado la adopción de medidas drásticas.
Si no es la prohibición del uso de armas, tan difícil en una sociedad como la norteamericana, al menos se requiere de mayores controles. De acuerdo a un estudio del Congreso, en 2012 la población estadounidense era de 321 millones de habitantes. Sin embargo, en este mismo año había cerca de 310 millones de armas de fuego.
La industria de las armas es la gran beneficiada de todo esto. De ahí que cualquier intento que busque limitar el acceso y uso de armas de fuego de parte de civiles es bloqueado generalmente por el partido Republicano y principalmente por la poderosa “Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés)”.
Su argumento, el cual se acerca más a una sociedad de bárbaros que a una nación “desarrollada”, se sustenta en la Segunda Enmienda de la Constitución, la cual “garantiza” el derecho de todo ciudadano a tener armas de fuego. No obstante, el poder de la NRA no se basa en tesis sólidas sino en grandes intereses económicos. El NRA financia campañas y apoya las iniciativas de un buen número de parlamentarios conservadores con tal de que no topen la Segunda Enmienda.
La Asociación Nacional del Rifle gastó en las elecciones del 2016 cerca de 56 millones de dólares. Siete millones en anuncios de TV en contra de la candidata demócrata Hillary Clinton y el resto para apoyar la candidatura de Donald Trump y los candidatos republicanos para el Congreso.
Por ello, en lugar de comenzar con la aprobación de alguna ley que regule el acceso y porta de armas de fuego en los Estados Unidos, lo primero que habría que hacer es prohibir que las campañas electorales sean financiadas por grandes corporaciones y lobbies como la Asociación Nacional del Rifle.
Aunque, en realidad, creo que esto es inútil mientras siga presente en el ADN estadounidense la creencia de que las armas deben adquirirse sin mayor control y son necesarias para defenderse, sobreponiéndose sobre principios y derechos fundamentales.