En medio de sostenidas protestas populares y represión, Venezuela afronta un paro cívico.
El domingo, y como un mecanismo político extremo pero pacífico, la oposición venezolana y las fuerzas sociales que se oponen al Gobierno del partido Socialista Unido de Venezuela (PSV) lograron siete millones de votos.
Las simbólicas urnas buscaban oponerse al espíritu de la convocatoria oficial al referendo programado para fines de este mes, con el fin de lograr una Asamblea Constituyente con conformación corporativa, donde el Gobierno pudiera obtener la mayoría.
De esa manera, por fuera de los votos que dieron a la Mesa de Unidad Opositora (MUD) mayoría legislativa, Maduro pretende reformar la Constitución como si fuera un traje a la medida.
Luego del pronunciamiento de los siete millones de votos, el Régimen endurece el discurso. Frente a la amenaza de sanciones por parte del presidente de Estados Unidos, el Canciller rechazó la que dijo era una insolente amenaza del imperio xenófobo y racista.
El Régimen quiere imponer su Constituyente a su modo, mientras en Venezuela la última ola de protestas se prolonga ya tres meses y la violencia deja cerca de un centenar de muertos. La descomposición institucional está acompañada de una vez más acusada falta de alimentos y de servicios.
Varios gobiernos del mundo claman por una salida pacífica, otros no se pronuncian o, lo que es peor, apoyan al Gobierno represivo de Maduro.