El presidente Lenín Moreno ha decidido imprimir mayor velocidad a la consulta popular, y ya se impuso una fecha para presentar las preguntas: 2 de octubre.
En dos semanas, la Corte Constitucional iniciará el proceso de calificación que, luego de la designación del juez que conocerá el caso, puede demorar hasta 20 días. La posta la tomará el Consejo Electoral, que debe implementar el proceso en hasta 75 días.
El Gobierno se muestra decidido a aprovechar, por un lado, el capital político con el que cuenta, en función de la popularidad, la credibilidad y la actitud del presidente Moreno. Y, por otro, la aceptación que tiene la iniciativa de consultar al país sobre algunos cambios para mejorar la institucionalidad.
Decenas de movimientos y organizaciones coinciden con el Gobierno en la necesidad de reformar el funcionamiento del llamado Quinto Poder, sobre todo en cuanto al sistema de elección de las autoridades de control.
También tiene fuerza la idea de cesar a los funcionarios nacidos del esquema vigente. Otro tema que suscita interés es el límite a la reelección de las autoridades de elección popular. Desde luego, el abanico puede ampliarse, pero será el proponente –en este caso, Moreno– quien asuma la decisión.
Así, la figura constitucional –usada asiduamente en el anterior período– puede servir para reformar un modelo institucional que, tal como fue concebido y ejecutado, permite la concentración del poder y limita los derechos.