El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibió, en primera instancia, una condena de nueve y medio años de cárcel por el delito de corrupción.
La condena puede ser apelada ante un tribunal superior, pero el juez Sergio Moro -quien se ha convertido en el implacable pesquisa judicial de causas que vinculan a la alta política con la corrupción y los sobornos- todavía tiene en sus manos otros cuatro juicios contra Lula da Silva.
La condena de primera instancia se refiere a la remodelación de un departamento en la zona costera de Sao Paulo, de propiedad del ex presidente, a cargo de la constructora OAS.
El caso de Brasil ha tenido gran resonancia mundial, no solamente por las imputaciones contra Lula y la destitución de su sucesora y compañera del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, sino por la cada vez más asumida corrupción sistémica entre las grandes constructoras de Brasil, la estatal Petrobras y las cúpulas de partidos de todo el espectro ideológico.
No hay que perder de vista que desde Brasil surgen las denuncias de corrupción de grandes empresas constructoras cuyos tentáculos y trama de sobornos sacuden a varios altos cargos del continente y de ultramar.
Por ahora, Lula esperará la substanciación de su causa en una instancia superior. Si se ratifica la condena, su pretendida candidatura presidencial para el 2018 naufragaría en la tormenta de los escándalos de corrupción.