El Presidente de la República, visiblemente afectado, denunció el descubrimiento de una cámara oculta en su despacho.
Luego del anuncio, la Fiscalía y sus peritos inspeccionaron el ala sur del Palacio de Gobierno, en una pesquisa que duró casi cinco horas.
Lenín Moreno dijo que esa cámara habría sido instalada durante el mandato de Rafael Correa. El Presidente consideró al menos una indelicadeza que el Mandatario saliente no haya informado de la existencia de la cámara oculta.
La ciudadanía se pregunta si era una cámara aislada o un sistema de espionaje. Eso lo deberán determinar las autoridades y sus investigaciones.
Sería un asunto grave que se haya estado observando en secreto al Presidente. Habrá que determinar toda la verdad y tomar correctivos y, acaso, judicializar el tema.
La grabación secreta está prohibida por el Código Orgánico Penal Integral: su artículo pertinente establece que esa violación a la intimidad está penada con cárcel de uno a tres años.
Así mismo, parece inaudito que el equipo de protección presidencial, cuya instrucción es especial y sus acciones deben ser de extrema confianza del Mandatario y apegadas estrictamente a la ley, se haya enterado casi por casualidad. Grave sería, más allá de la violación de la intimidad personal, que asuntos de Estado sean espiados.
También cabe preguntarse sobre el papel y responsabilidades de la Secretaría Nacional de Inteligencia.