De la pro forma se desprende que en 2018 tampoco habrá ajuste fiscal. Una vez desmaquillada la pro forma, muestra un déficit de 6,3% del PIB, similar al del presupuesto 2017, sin mayores cambios frente a 2015 y 2016. El gobierno no reducirá el gasto; incrementará el gasto corriente a expensas de la inversión, y evitará medidas traumáticas: el alza del IVA o reducción del subsidio de los combustibles. Se prevé un cuarto año consecutivo de crecimiento mínimo o decrecimiento, a la vez que se incrementa el endeudamiento externo.
Tampoco hay un plan para mejorar la competitividad empresarial, materia que los sectores público y privado trataron exhaustivamente en el Consejo Consultivo, pero cuyas conclusiones quedaron fuera del proyecto urgente que acompaña a la pro forma, proyecto que incluso da marcha atrás en los incentivos para la reinversión. Aduanas adoptó una tasa en función del peso de la mercadería, con lo que castiga la importación de maquinaria.
Sin política de ajuste, la economía está condenada a un estancamiento plurianual. El Fondo Monetario no ve una salida ni en 2022, último año para el que ofrece proyección. Las empresas tendrán que ir reduciendo costos por sus propios esfuerzos, y por lo tanto, no se recuperará el empleo. El gasto público se ajustará a la fuerza cuando no haya financiamiento externo disponible.
El Presidente podría hacer esta situación más llevadera si apoyara el plan del Ministro de Hidrocarburos de alcanzar 700 mil barriles diarios de producción para cuando finalice el actual mandato. La nueva exportación petrolera generaría para 2022 unos USD 2 mil millones adicionales de lo que genera en 2017, lo que equivale a un 40% del ajuste fiscal que debe hacerse (unos USD 5 mil millones). Ese plan pasa por un incremento de la inversión de las contratistas, lo cual a su vez requiere que se les pague los atrasos. Schlumberger acaba de anunciar que se incumplió con un pago que venció el miércoles pasado. Las posibilidades de incrementar la producción se desvanecen.
Para el mediano plazo, la gran esperanza es la minería. Si no se obstaculiza el desarrollo minero, aumentará fuertemente la inversión en los próximos años, aliviando en algo el letargo económico. Para 2019 ya comenzaría una pequeña exportación minera; para mediados de la próxima década sería significativa, comparable a la exportación actual de petróleo.
Mejor aún, si se aumentase la producción petrolera y se permite el auge minero, el país tendría más divisas de exportación e ingresos fiscales, habría mayor crecimiento, y las empresas invertirían por el incremento de la demanda.
Eso no resuelve el problema de competitividad, pero en todo caso, sería una luz al final del túnel, luz que hoy es imperceptible