La seguridad en sus distintos aspectos es un elemento valorado en diversas áreas del sector público y privado, extremadamente necesario a nivel gubernamental.
Los funcionarios públicos requieren de seguridad para garantizar su adecuado ejercicio profesional, razón por la que hoy en día es común encontrar aplicaciones para monitoreo de llamadas telefónicas, audio, video, etc. El uso de estas herramientas debe estar regulado por el criterio moral que otorgue el adecuado proceso a nivel legal. En las últimas horas se ha denunciado la existencia de una cámara de filmación, clandestina, ubicada en el despacho presidencial; herramienta cuyo uso es justificado en relación con temas de seguridad, sin embargo es repugnante que su uso y ubicación no haya sido informado al nuevo Mandatario así como a su equipo de seguridad, pues esta “omisión” constituye espionaje y el más bajo recurso de quienes fisgonean y ahora no comparten los lineamientos del actual Gobierno y pretenden acceder a información para generar oposición, a causa del síndrome de abstinencia.