13 de agosto de 2017 00:00

Transportistas interprovinciales lograron 8 beneficios en 10 años

El jueves 10 de agosto, agentes revisaban las condiciones mecánicas de los buses que salían de la terminal terrestre de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El jueves 10 de agosto, agentes revisaban las condiciones mecánicas de los buses que salían de la terminal terrestre de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Fernando Medina

La suspensión de la Cooperativa de Transporte La Maná duró 22 días. El cierre temporal de la empresa fue levantado el miércoles 9 de agosto por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entidad que en ese tiempo inició un proceso administrativo por el accidente del 14 de julio, en el que murieron 15 personas y 25 resultaron heridas.

La ANT dice que los buses volvieron a operar luego de que, por ejemplo, pasaron una segunda revisión vehicular. Ahí se detectó que “varias unidades” no estaban en buen estado y tuvieron que hacer mejoras mecánicas. Hasta abril del 2016, en el país era obligato­rio que los buses aprueben dos revisiones técnicas al año. Pero a través de un Decreto se disminuyó a una revisión anual.

Esa medida está vigente, pero no fue la única ayuda que recibió el gremio de transportistas durante los últimos 10 años.

En ese tiempo lograron ocho beneficios. Entre esos está la exoneración de aranceles para la importación de vehículos, el no pago del impuesto a la renta para los dueños de los buses, bono de chatarrización, compensaciones económi­cas, importación de llantas y aceites sin aranceles, aumento de las escuelas para recuperar puntos y derogación de la caja común o sistema de cobro.

Abel Gómez, presidente de la Federación de Transportistas interprovinciales, que agrupa a 10 000 socios, confirma que recibieron estos incentivos y admite que mantuvieron una relación estrecha con el anterior Gobierno. De hecho, cada año tenían dos reu­niones. Allí se analizaban los requerimientos y necesidades del gremio. Por ejemplo, así se concretaron en el 2012 las compensaciones económicas por los usuarios que pagan media tarifa, es decir: niños, personas con discapacidades y adultos mayores. En total, según los transportistas, el Estado se comprometió a pagarles cada año USD 94 millones.

Esto se cumplió hasta mediados del 2014. Desde entonces, dicen que la deuda asciende a unos USD 288 millones.

Pero el jueves, el director de la ANT, Pablo Calle, aseguró a EL COMERCIO que la deuda es de USD 80 millones y aclaró que las compensaciones se dieron para evitar aumentos en las tarifas y para mejorar el servicio. La ANT analiza esta­ última condición, pues han recibido quejas de los usuarios por los accidentes de tránsito.

En los primeros siete meses de este año, 200 buses han estado involucrados en siniestros viales. Las muertes en las vías también han aumentado. En el primer semestre del 2016 se registraron 972 víctimas, mientras que en el mismo período de este año hubo 1 011.

Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, organismo que forma parte del Pacto Nacional de Seguridad Vial, dice que los beneficios otorgados a los transportistas han sido excesivos y que ellos no han cumplido con la seguridad en las vías. “El Estado ha dejado de percibir importantes recursos económicos por las exoneraciones arancelarias”.

Desde el 2010, los transportistas importan llantas y aceites sin impuestos. Eso les ha generado un ahorro de hasta USD 500 por neumático, pues antes de ese año se vendían a USD 800, pero ahora los consiguen desde USD 300 cada una.

Gómez explica que el cupo anual es de 22 000 llantas, lo que representa el 20% de lo que requieren cada año. Por eso quieren pedir al presidente Lenín Moreno que se amplíe el cupo de este beneficio.

Se hará con el Plan Renova, otra ayuda que se inició en el 2011. El Estado les otorgó un bono por chatarrización de las unidades que tenían al menos 20 años. El bono más alto era de USD 17 000 para el dueño de la unidad. Por eso, se calcula que hasta diciembre del 2015, mes que se suspendió el plan, el Estado entregó a los transportistas unos USD 30 millones. El Ministerio de Transporte dijo el jueves que se beneficiaron de este programa 3 840 unidades de transporte interprovincial.

Ellos también accedieron a la importación de vehículos sin aranceles, que eran costeados con préstamos de la Corpo­ración Financiera Nacional.

Para el director de la ANT, aunque el beneficio fue directo para los transportistas, los pasajeros también se beneficiaron, pues “se transportan en unidades nuevas”.

Otro punto que en este momento analiza la ANT es la capacitación a los transportistas. De hecho, se plantea un ajuste en las mallas curriculares de las escuelas de conducción. Esto comenzó luego de que se detectaran problemas con su formación. Por ejemplo, 18 de los 64 conductores de la Cooperativa La Maná no pasaron pruebas de conocimiento y ahora no pueden conducir.

Sin embargo, este año también se incrementó el número de escuelas para que los conductores puedan recuperar puntos. Ahora, en el país hay 62, mientras que en el 2016 había 26 centros. En cuanto al no pago del impuesto a la renta, cada mes este beneficio genera a los dueños de los buses un ahorro en promedio de unos USD 1 100 por unidad. Mientras que la denominada caja común o sistema de cobros también fue derogado el 2013 y hoy solo rige en el sistema de transporte urbano.

En contexto
Desde el 2011, la ANT ha sancionado a 28 cooperativas de transporte interprovincial por accidentes de tránsito. La ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial solo establece la suspensión de las operadoras de forma temporal, hasta por 60 días.

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