El Fiscal apeló al sigilo y evitó dar detalles sobre Odebrecht

Carlos Baca junto con María José Carrión, presidenta de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

Carlos Baca junto con María José Carrión, presidenta de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

Carlos Baca junto con María José Carrión, presidenta de Fiscalización de la Asamblea. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

La comparecencia del fiscal general Carlos Baca Mancheno en la Asamblea Nacional duró cerca de tres horas, ayer, 16 de junio de 2017.

Al final, los legisladores no recabaron nuevos detalles sobre la investigación del caso Odebrecht. Tampoco del juicio político en contra del contralor Carlos Pólit.

El propio Fiscal reconoció al inicio de su intervención que solo daría datos generales. Recordó que hay un sigilo para la información que él obtuvo en Brasil. El acuerdo de cooperación eficaz al que llegó la Fiscalía con Odebrecht es reservado.

Recoge testimonios de personas que están involucradas en la trama de corrupción. Sus acusaciones deben ser probadas antes de que se puedan judicializar en el Ecuador. Además, los procesos que se han adelantado se encuentran en etapa de indagación previa.

No se proporcionó datos (además de reservar posibles nombres, vínculos, montos económicos y contratos específicos en las negociaciones entre funcionarios del Estado y la firma Odebrecht) de cómo se ha procedido en la investigación o por qué se allanó la casa del Contralor General.

Lo que sí se pudo adelantar es que Odebrecht utilizó un esquema de operaciones para que los sobornos no puedan ser identificados fácilmente. Estructuró “un portal de aparente legalidad” y por esta razón, agregó el Fiscal, resulta complicado para los organismos ecuatorianos de control detectar anomalías.

Si los legisladores, en medio de su papel fiscalizador, solicitan todos los contratos que la constructora brasileña suscribió en Ecuador; así como los procesos precontractuales y de control posterior, difícilmente encontrarán indicios de algo ilegal, recalcó el Fiscal. “En el fondo se ocultaba una red que manipulaba contratos, ocultaba sobornos y anulaba el control posterior”.

Por esto solicitó a los asambleístas que generen normas para que a futuro se establezcan mecanismos para detectar y combatir el uso indebido de los paraísos fiscales, actos de corrupción y para evitar la asociación ilícita.

El legislador socialcristiano Vicente Taiano cree que la posición del Fiscal atenta contra la fiscalización desde la Asamblea. Si no se revisa la información de los contratos vinculados a Odebrecht será más difícil detectar los actos de corrupción.

Por eso, Héctor Muñoz (Creo-SUMA) cree que se debe pasar por alto la sugerencia del Fiscal y solicitar datos a las instituciones públicas involucradas. Además de evitar adelantar conclusiones.
La comparecencia tuvo varias partes. Primero la exposición de Baca, que duró alrededor de una hora. Luego se dio paso a unas 39 preguntas hechas por ocho legisladores oficialistas y seis de oposición. La respuesta le tomó unos 30 minutos al Fiscal.

Mae Montaño (Creo-SUMA) cuestionó a Baca sobre la vinculación de la detención de Ricardo Rivera con su tío, el vicepresidente Jorge Glas.

La oficialista Eugenía Espín dijo que la pregunta no tiene justificación en el marco de la convocatoria y eso generó una discusión que fue detenida por la presidenta de la Mesa, María José Carrión, quien amenazó a Montaño con prohibir el resto de sus preguntas.

También le consultaron sobre el supuesto informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría habría emitido en su contra. Baca mostró una certificación de Contraloría en el que se negaba la existencia del informe.

En la exposición central recordó que existen cinco expedientes abiertos vinculados a los sobornos que Odebrecht reconoció que entregó en Ecuador. Se pidieron 26 asistencias internacionales. Se han dictado dos arrestos domiciliarios. Hubo 442 diligencias y hay seis personas detenidas.

El próximo martes, Baca Mancheno viajará a Panamá para reunirse con la procuradora general de ese país, Kenia Porcell. Considera que al menos el 60% de los dineros de corrupción por Odebrecht pasaron por ese país.

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