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De los 137 legisladores que se posesionen este domingo, 14 de mayo de 2017, en la Asamblea Nacional 2017-2021, 35 no tienen ningún título universitario registrado en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (Senescyt). Esto representa el 25,54% del total. Estos datos fueron recolectados en el portal de la entidad hasta el 28 de marzo pasado.
Los otros 102 legisladores tienen un registro de entre uno y cuatro títulos de tercer nivel. 50 tienen entre uno y dos certificados de cuarto nivel. Y, otros 19 legisladores, tienen entre uno y dos títulos de otro tipo de estudios, como diplomados y especializaciones.
La Constitución del Ecuador vigente desde el 2008 estipula en el artículo 119, que para ser asambleísta se requiere: tener nacionalidad ecuatoriana, 18 años de edad en el momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.
En el anterior período legislativo 32 asambleístas no tenían título, es decir, se incrementaron en tres sin el certificado académico. (Ver información en ).
Entre los nuevos asambleístas que no tienen títulos superiores, 11 pertenecen a Alianza País (nueve puros y dos en alianzas con movimientos provinciales), 12 a la alianza Creo-SUMA, nueve al Partido Social Cristiano (PSC), dos a la Izquierda Democrática y una asambleísta de Fuerza Ecuador.
Wilma Andrade, electa por la Izquierda Democrática, es una de las funcionarias sin título universitario. Aunque estudió Auditoría en la Facultad de Administración de la Universidad Central durante tres años, no terminó su educación. Señala que antes que los títulos es más importante la experiencia, porque según dice esta marca cualquier labor. En su caso -explica- tiene un recorrido legislativo como concejala del Municipio de Quito. Fue elegida en 1996 y reelegida en dos ocasiones, en 2000 y 2004.
Otro caso es el de Fernando Burbano, quien fue elegido en la lista nacional de Creo-SUMA. Dice que su aporte en la Asamblea estará marcado por su experiencia. Ha sido consejero provincial, asambleísta constituyente, dirigente deportivo y ha trabajado en asesoría política. Pero, más allá de loa educación superior-argumenta- la acreditación de la representación política no está ligada a los títulos sino a la voluntad del pueblo.
María Mercedes Cuesta (Fuerza Ecuador) también defiende que su carta de presentación es su experiencia como periodista durante 24 años. Aclara que esta labor no ha consistido en leer un diario o presentar noticias sino que ha sido reportera y ha recorrido el país por lo que conoce la realidad en el territorio. Cree que es muy importante la formación superior pero en su caso, “realidades personales” no le permitieron estudiar.
También hay asambleístas cuyos títulos de pregrado no aparecen en el registro de la Senescyt. Este es el caso del próximo presidente de la Asamblea y exministro del interior, José Serrano. Según su hoja de vida, él tiene un título de doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad del Azuay. La Secretaría explicó que estos no son casos aislados sino que tienen que ver con el proceso de registro en la transición del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador (Conesup) al actual ente regulador de la educación superior. Para solucionar este problema, los políticos deben cumplir con un trámite administrativo.
Entre las carreras de tercer nivel que más se repiten entre los asambleístas está las relacionadas con las ciencias de la educación (31) y abogacía (30). Luego vienen varias ingenierías con 26. Hay también médicos, economistas, periodistas, entre otras profesiones.
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Para Sebastián Mantilla Baca, docente especialista en política de Flacso, lo ideal para que alguien llegue a la Asamblea es que tenga una formación al menos básica relacionada con las principales obligaciones del puesto: legislar y fiscalizar. De los 137 legisladores que se instalan, 31 repiten período. Entre estos, dos oficialistas (María José Carrión y Esteban Melo) y un opositor (Ramón Terán del PSC), integraron la Comisión de Fiscalización saliente.
Entre los nuevos asambleístas, en cambio, hay quienes vuelven luego de varios años de no cumplir funciones legislativas. La imbabureña Silvia Salgado (AP-PS) fue presidenta de la Comisión de Fiscalización en 2009-2013; Eliseo Azuero (ID), de Sucumbíos, fue diputado por la Democracia Popular y el Prian, en el Congreso disuelto para dar paso a la Asamblea Constituyente del 2008.
Cristiana Reyes, asambleísta reelecta por el Partido Social Cristiano (PSC), cree que aunque los títulos no son determinantes en la eficiencia de la legislación y fiscalización, sí es importante el conocimiento y experiencia en varias áreas. Resalta las leyes y la economía ya que las normas y reformas más representativas que produce la Asamblea tienen que ver con esos campos de estudio. Por ejemplo en el período que fenece se aprobó el Código Integral Penal, la Ley de Comunicación y en materia económica se tramitaron 13 iniciativas urgentes del presidente Rafael Correa.
Por esta razón recomienda que quienes no tengan estas especialidades se autopreparen para el período. De los 137 electos hay 30 que registran estudios en materia de derecho y abogacía.
El analista político Franciso Rocha destaca la presencia de educadores en las curules. Recuerda que hace no mucho tiempo los maestros eran la representación de las personas de los lugares con poco acceso a la academia en el país.
Por esto -agrega- pueden convertirse en los catalizadores de la Asamblea, de manera que su trabajo sea crear cercanía entre la producción de las normas y segmentos de la población como las familias, la niñez y las juventudes. Hay 31 que tienen conocimientos en ciencias de la educación para el actual período legislativo.
Wifrido Lucero, expresidente del Congreso Nacional, dice que legislar “no es cuestión de sentarse en una curul y sacar las leyes sin tener conocimientos profundos en muchas materias, porque una norma topa aspectos que interesa a la sociedad en su conjunto”.
Agrega que la especialización académica es importante para la conformación de las comisiones especializadas del parlamento. Rocha, en cambio, explica que más importante es la experiencia en las organizaciones sociales y en la dirigencia política, pues eso otorga un conocimiento de las necesidades de la gente en materia legal.
Por otro lado, la mayoría de registros en la Senescyt de los legisladores tienen que ver con la jurisprudencia. Al igual que los otros tipos de títulos, donde aparecen diplomas en derecho constitucional, penal y ambiental. Mantilla Baca señala que la Asamblea es la representación de la ciudadanía y no se puede pedir que todos los legisladores sean abogados, por lo que la diversidad es válida.
Este Diario intentó contactar a todos los asambleístas electos para publicar su versión sobre el perfil académico del nuevo período Legislativo. Sin embargo, en la Asamblea Nacional y en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no hay una base de datos completa con los contactos de los políticos que fueron elegidos en febrero del 2017.
Pero, se lograron obtener los puntos de vista de cada bancada. Desde el bloque oficialista, el legislador y exministro de Educación, Augusto Espinosa considera que cuando se hace una carrera legislativa más importante que los títulos universitarios es el conocimiento que los asambleístas puedan tener de la realidad nacional ya que con la producción de leyes se busca generar un impacto en la gente.
Añade que para los asambleístas que no tienen la educación formal pero sí la experiencia y la cercanía con las personas será vital que se rodeen de asesores especializados en temas de leyes y en las áreas de trabajo de la comisión a la que vayan a pertenecer. Cada asambleísta puede tener un asesor de nivel 1 y otro de nivel 2. Adicionalmente, cada una de las comisiones especializadas de la Asamblea cuenta con dos asesores.
Mientras que Guillermo Celi, el más votado por la alianza Creo-SUMA, destaca la diversidad en la conformación del nuevo pleno. Coincide con Espinosa, Reyes, Andrade y Cuesta en que más importante es la experiencia y la cercanía con la gente.
Este domingo se elegirán las autoridades de la nueva Asamblea. Dada la mayoría oficialista, esos puestos se definieron con anterioridad al interior del bloque ‘verde-flex’. Serrano, quien es abogado, será el presidente. La primera vicepresidencia la ostentará Viviana Bonilla, que también estudio leyes en la Universidad Católica de Guayaquil. El segundo vicepresidente será el manabita reelecto Carlos Bergmann, sin título universitario.